Prueba contundente de los vuelos de la muerte

"La historia es una pesadilla de la 

que estoy tratando de despertar. "

James Joyce, Ulises

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó a la justicia argentina un expediente archivado hace 32 años que representa la prueba más contundente de la existencia de los vuelos de la muerte. Una práctica de extermino de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura Argentina. Se trata de un informe realizado en 1976 por las fuerzas de seguridad uruguayas sobre cuerpos arrastrados por corrientes marinas que aparecieron en las costas del país vecino. Los indicios permiten inferir que serían desaparecidos argentinos.

El acceso a documentos de la CIDH por parte de la justicia argentina empezó a concretarse el mes pasado, durante la visita a la sede en Washington del juez Sergio Torres, a cargo del juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, en el marco de la megacausa ESMA. Torres encontró 65 cajas de archivos y copió una selección, pero en el caso de las imágenes pidió el material original, ya que podrían probar los vuelos de la muerte. Para la CIDH las denuncias son confidenciales por motivos obvios y no hay un mecanismo para hacer pública esa información. 

La documentación fue entregada anteayer por el secretario ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón, quien fue uno de los que promovieron que ese organismo de la OEA abriera los archivos confidenciales. Lo que representa un cambio de paradigma en su funcionamiento porque es la primera vez que lo hace para un proceso de justicia. 

La carpeta 37 de la CIDH tiene solapas de cartulina, todavía contiene los archivos originales, organizados aparentemente por personas, con más de una imagen en cada caso. La documentación incluye informes mecanografiados -forenses y de inteligencia-, mapas y 130 fotografías, relacionados con una veintena de cuerpos. Las imágenes son impactantes, en algunos casos los cuerpos están completamente enteros, aunque comidos por la fauna marina, hinchados, putrefactos, sin ojos y sin pelos, sin sus partes blandas en resumen. Además del estado de los cuerpos, las imágenes intentan mostrar algunas de las características de los procesos a los que fueron sometidos. En una se ven marcas que parecen ser rastros de la picana en las piernas de una mujer, cuyos dedos están pintados con esmalte de uñas. En otras, hay cables, cuerdas y sogas armadas con tiras de persianas sujetando las manos de las víctimas, y hasta un hombre que apareció capado a cuchillo.

El origen de la carpeta 37 es todavía un misterio incluso para Cantón. No hay nadie en la CIDH de aquella época. En una de las solapas se lee "Argentina observation in loco", es decir, el archivo corresponde a los documentos que la CIDH habría tomado durante su visita a la Argentina entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Uno de los problemas para determinar su procedencia es que falta información de contexto, como la que poseen otros documentos acumulados en esa visita. Cantón expresó: “Esto estaba en una carpeta guardada hace treinta años. Si uno va a ver el archivo tiene que suponer que se entregó durante la visita de la comisión, pero, si fue así o no, no se puede saber. Se pudo haber archivado mal o pudo haber sido información relevante para la visita y se entregó después, pero todo eso lo desconocemos. Son 130 fotos en total. Y es de suponer que están tomadas por un perito. No son fotos de un turista. Lo hizo la Prefectura uruguaya y la policía, se nota con el correr de las hojas que al comienzo lo hicieron con mucha más inocencia y después, cuando se dan cuenta, parecen haber cambiado de fórmula”.

“Yo no sé si estas fotos han sido o no han sido publicadas alguna vez, pero, sin perjuicio de eso, el valor que tienen hoy por hoy es el valor judicial -dice Cantón-. Porque el juez no las tiene y todas estas cosas le permiten, creo yo probar la existencia de un plan sistemático: indican que los ataban y los tiraban y eso hasta ahora no está probado judicialmente. Todo el mundo sabe que existían los vuelos de la muerte, pero no existe una prueba judicial”.

Los informes relevan características físicas de las personas al momento de ser encontradas y entre los datos arriesgan una hipótesis sobre el presunto momento de la muerte. La indicación de que una personas podría haber muerto 25 o 30 días antes, por ejemplo, puede servir para estimar el momento de los "traslados". También hay marcas de pantalones, en ocasionales ropa que sólo se fabricaba en Argentina.

En uno fechado el 22 de abril de 1976. Alguien, que podría haber sido un perito, describe las referencias del hallazgo de un cuerpo de sexo femenino, cutis blanco, cabello negro, estatura 1,60 metro; complexión mediana; de unos treinta años y con un tiempo de muerte aproximado de entre 20 y 25 días. El cuerpo apareció en la Laguna de Rocha, Uruguay, comunicada con el mar. Físicamente "presentaba indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del cráneo y del macizo oseofacial". No encontró el perito "ningún posible elemento identificatorio... El cuerpo fue extraído desnudo de las aguas y las huellas dactilares obtenidas no arrojaron respuestas positivas".

Otro de los informes con la misma fecha, describe a una persona de la que no pudieron establecer el tipo de cutis con exactitud: "posiblemente fuera de raza blanca o amarilla". De sexo masculino, de entre 30 y 40 años, con cabello "imposible de determinar", una complexión mediana y un tiempo de muerte estimado entre 25 y 30 días. Los datos son un indicador, por ejemplo, de una de las razones por las que en algún momento los uruguayos creyeron en la hipótesis de que los cuerpos que aparecían en las costas pertenecían a las víctimas del naufragio de un barco asiático. Si bien es posible que los peritos hubiesen puesto "raza blanca o amarilla" porque los rasgos de las personas aparecían alterados por la hinchazón, algún dato de los legajos parece señalar que la versión fue difundida por los militares o la policía uruguaya en el marco de una campaña de desinformación, especulan en la CIDH. Una hipótesis que a los antropólogos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no les cierra, porque consideran posible la confusión.

Hay pocos rasgos sobre la identidad de las víctimas, pero sí algunos documentos cómo cédulas. Por ejemplo hay una cédula de una mujer, cuya identidad se preserva, sanjuanina, nacida en 1954.  Se desconoce el destino final de los cuerpos.

Además de las imágenes, hay mapas. Uno señala con referencias las zonas con cuerpos encontrados (Montevideo y Colonia) y las zonas en las que se encontraron restos humanos (entre Carmelo y Colonia, Colonia y Montevideo, y La Paloma y Castillos). Otro mapa es de corrientes marítimas y señala a Buenos Aires como la zona donde fueron arrojados los cuerpos.

La prefectura uruguaya dibujó las corrientes marinas que llevaban los cuerpos

Torres y Cantón firmaron ayer un acta que establece la entrega de la documentación, en calidad de préstamo, y que la tendrá en su juzgado mientras siga a cargo de la megacausa. Se sabe que ahora Torres anexará la carpeta a la "causa vuelos" dentro de toda la megacausa ESMA. 

El juez Torres "prevé comenzar la investigación acerca de dónde provienen las fotografías y su posible utilidad para identificar personas detenidas o desaparecidas durante el último gobierno de facto", informó el Poder Judicial en su sitio de internet.

Un primer tramo de la llamada megacausa ESMA llegó a juicio y fueron condenados a cadena perpetua el ex marino Alfredo Astiz, uno de los más feroces represores, y otra docena de ex miembros de las Fuerzas Armadas por 85 delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en ese centro clandestino. En la ESMA estuvieron detenidas unas 5.000 personas, de las cuales sobrevivieron menos de la mitad. La dictadura militar dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, según organismos de derechos humanos. La cifra oficial los reduce a 13.000.

Secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, y el juez federal Sergio Torres

Un poco de historia

En su "Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar", el periodista Rodolfo Walsh daba cuenta de la situación, aún con la escasa información disponible en aquellos años. En marzo de 1977, Walsh escribía: "Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, "con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles" según su autopsia. Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron. Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, diez en el Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea, sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti..."

Diversos recortes de diarios de la época

Para fines de la década de 1970, la desesperación de las familias por sus seres secuestrados y desaparecidos era tal que llevó a los organismos nacionales e internacionales y al gobierno de James Carter desde los Estados Unidos a generar un clima de presión para que el régimen que por entonces presidía Rafael Videla invitara la CIDH para que hiciera una “Observación in loco” en Argentina. Fue en diciembre de 1978. Pero esta pudo hacer su trabajo recién para setiembre del año siguiente. En la memoria quedará aquella cola de entre dos y tres cuadras de argentinos que por primera vez se animaron a denunciar su drama en Avenida de Mayo al 700, donde se instaló la misión de la CIDH.

El ex represor de la ESMA Adolfo Scilingo, recordó en 1997: "Los vuelos fueron comunicados oficialmente por Mendía (1) pocos días después del golpe militar de marzo de 1976. Se informó que el procedimiento para el manejo de los subversivos en la Armada sería sin uniforme y usando zapatillas, jeans y remeras. Explicó que en la Armada no se fusilarían subversivos ya que no se quería tener los problemas sufridos por Franco en España y Pinochet en Chile. Tampoco se podía ir contra el Papa pero se consultó a la jerarquía eclesiástica y se adoptó un método que la Iglesia consideraba cristiano, o sea gente que despega en un vuelo y no llega a destino. Ante las dudas de algunos marinos, se aclaró que se tiraría a los subversivos en pleno vuelo. Después de los vuelos, los capellanes nos trataban de consolar recordando un precepto bíblico que habla de separar la hierba mala del trigal" (2).

El propio Scilingo indicó que el procedimiento de los vuelos de la muerte costó la vida de unas 4400 personas y dependía directamente del Almirante Emilio Massera y un gabinete especial que lo asesoraba. Según el testimonio de Scilingo en el libro "El Vuelo" (3), la Armada en su conjunto estaba involucrada en los vuelos de la muerte, que no eran una medida aislada ni realizada por una banda dentro de la fuerza, sino por la fuerza como tal con todo el aval institucional.

Además de la ESMA, hay referencias a vuelos de la muertes en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) el Olimpo, la Perla y el Campito (Campo de Mayo). Este último se instaló próximo al aeródromo precisamente para facilitar el traslado de los detenidos a los aviones. Arnoldo Bondar, empleado civil de la base El Palomar sugirió que también la policía de la provincia de Buenos Aires eliminaba a las víctimas de la represión ilegal de esta manera. "En reiteradas oportunidades vi llegar camiones de la policía de la Provincia cargados de jóvenes de ambos sexos que eran embarcados en aviones a motor de dos hélices, generalmente de la Armada. Desconozco el destino" declaró Bondar ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP).

La Fuerza Aérea uruguaya ha reconocido en 2005 que se realizaban vuelos de la muerte en combinación con las Fuerzas Armadas argentinas (Operación Cóndor). Scilingo declaró también ante el juez español Baltasar Garzón, a quien le indicó que también se recogieron prisioneros en la base que la marina de guerra posee en Punta Indio (Provincia de Buenos Aires) (4). El CCD conocido como Quinta de Funes en Rosario se encontraba ubicado a 400 metros del aeropuerto y hay constancias de que detenidos desaparecidos allí fueron arrojados al mar, en la zona de la Bahía de Samborombón (provincia de Buenos Aires).

La primer prueba contundente de los vuelos de la muerte salió a la luz en 2005 cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó unos cadáveres aparecidos en 1977 en la costa bonaerense. Se trataba de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de Devincenti, sus compañeras Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Angela Aguad y la monja francesa Leonie Duquet, que habían sido secuestradas entre el 8 y 10 de diciembre. Los cadáveres aparecieron seis días después en las playas de Santa Teresita, arrastrados por la corriente marina, y fueron inhumados como NN en el cementerio de General Lavalle. Según el informe del fiscal Eduardo Taiano y el trabajo del EAAF, los cuerpos presentaban "múltiples traumatismos originados por el choque contra una superficie dura y las fracturas típicas que presentan los huesos largos (eran) compatibles con las producidas por haberse arrojado el cuerpo al mar en los vuelos de la muerte, previa inyección del sedante Pentotal".

Las fotos de la carpeta 37 de la CIDH, al parecer, tuvieron su propia historia fuera de esos archivos. Es posible pensar que copias de ese juego u otras distintas hayan sido las imágenes que capturó un ex marino uruguayo, Daniel Rey Piuma, que desertó de la fuerza, pidió refugio en Brasil y difundió las imágenes a través de una organización civil a comienzos de la década de 1980 y luego con el libro, "Un marino acusa", publicado en 1988, el libro no muestra las fotos de los cuerpos por su truculencia, pero reseña informes que coinciden con las que estaban en la CIDH.

Otra pista de la circulación de esas fotos la tiene el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los antropólogos que trabajan en la identificación de cuerpos hallados en cementerios de Uruguay cuentan con informes que reflejan los datos existentes en la Justicia uruguaya. Entre esos informes, tienen datos del hallazgo de tres cuerpos el 22 de abril de 1976, como también los hay en el legajo de la CIDH. Y hace años trabajaron en la identificación de otro cuerpo que parece coincidir con otro registrado en el legajo de la CIDH, porque menciona la marca de un tatuaje "FA". Para el EAAF, aquel cuerpo podría ser el de Floreal Avellaneda, porque ellos mismos hicieron la identificación antes del juicio realizado en San Martín y, entre otros datos, trabajaron con un tatuaje marcado con esas misma letras.

por Felix Vadillo y Cristian Basualdo

Uno de los aviones Electra usado en los Vuelos de la Muerte

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• Conferencia sobre políticas de la memoria en Embalse.

Referencias:

1. Luis María Mendia era vicealmirante de la Armada Argentina.
2. Entrevista realizada por Martín Castellano a Adolfo Scilingo el 4 de octubre de 1997. 
3. En 1995 Scilingo narró extensamente al periodista Horacio Verbitsky, la metodología de exterminio. El testimonio fue luego publicado como libro.
4. En abril de 2005, Scilingo fue enjuiciado en España por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977. Tras haberse probado su responsabilidad en la muerte de treinta personas y una detención ilegal seguida de torturas, fue condenado a 640 años de prisión. En julio de 2007, al comprobarse su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, el Tribunal Supremo español elevó la condena a 1.084 años.

Fuentes:

• Página 12, 15/12/2011, "Imágenes que prueban los vuelos de la muerte" por Alejandra Dandan.
• Página 12, 15/12/2011, "Las 65 cajas con archivos" por Alejandra Dandan.
• Página 12, 07/09/2009, "Las hormiguitas del capitán Hess" por Diego Martínez.
• Clarín, 16/12/2011, "La CIDH entregó las fotos de los vuelos de la muerte".
• Clarín, 10/08/2005, "Uruguay: la Fuerza Aérea admite que hubo vuelos de la muerte".
• Observador Global.com, 16/12/2011, "Argentina: prueba clave sobre Vuelos de la Muerte de la dictadura".
• www.elortiba.org, "El Vuelo".